Revisión técnico-mecánica, certificado de gases, RUNT, SOAT, certificado médico, pase provisional, concesiones, peaje a las motos, sobretasa a la gasolina… ¿Quién vigila los negocios privados detrás de cada norma de movilidad en el país en crisis? Unidad Investigativa.

Según la Ley 100 de 1993, el Estado, a través del sistema integral de Seguridad Social, debe cubrir los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial, estos dos últimos en ciertos casos.

Los enormes recursos recogidos por la compra del SOAT, que los colombianos con vehículo tienen que pagar cada año, son manejados por el Fondo de Previsión Vial, entidad en la que también existe capital privado. El Fondo, a su vez, hace los giros de accidentes a las entidades que prestan la atención a los heridos, por un monto cercano a los 3.500 millones de pesos diarios, según sus propias estadísticas. O lo que es lo mismo: 1.5 billones de pesos anuales suficientes para construir la Ruta del Sol, el Túnel de la Línea y la doble calzada a Buenaventura.

Sin duda la principal crisis que durante su gestión ha debido enfrentar el ministro de Minas, Hernán Martínez, es la que se produce entorno al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, criticada medida con la cual el gobierno acumula millonarios recursos del excedente que pagan los colombianos cuando el precio internacional de la gasolina desciende por debajo del precio nacional.